Noticia del RCN Radio

En 1995, la comunidad indígena u’wa recibió en su territorio a la empresa colombiana Ecopetrol, que fue con la intención de compartir lo que sería una planta de explotación de hidrocarburos en su región. Una reunión de socialización que terminó con el inicio del fin de gran parte de su territorio.

Según cuenta Evaristo Tegria Uncaria, docente del colegio Achicará, “ellos nos mostraron unos planos, socializaron con nosotros lo que sería este proyecto, pero en ningún momento pusieron a consideración de la comunidad la intervención de nuestro territorio. Nos dijeron que no necesitábamos seguimiento ni apoyo de ninguna organización porque tan solo era una socialización. Nada más alejado de la realidad, en el año 2000 varias familias de nuestra comunidad fueron desplazadas por el Ejército Nacional y llevadas hasta un batallón. Allí inició la construcción de esta planta de hidrocarburos”.

Desde entonces inició una lucha de tribunales entre la comunidad u’wa y el Estado colombiano.

La comunidad u’wa está ubicada en cinco departamentos, Boyacá, Casanare, Arauca, Santander y Norte de Santander, son aproximadamente 12 mil miembros, de los cuales un 25% está luchando por el restablecimiento de sus derechos.

Esta situación se presenta en el marco de la cosmovisión de los u’wa como “guardianes de la madre tierra y la vida”, y su consideración por los recursos naturales como algo sagrado que debe respetarse y protegerse.

Dentro de estos elementos se incluyen el petróleo, el gas, el carbón y otros minerales que no pueden ser extraídos. Es por esto que consideran que las actividades extractivistas y la presencia de multinacionales desequilibran su entorno, atentan contra su cultura, su autonomía y representan una amenaza para sus territorios.

“Nosotros nos sentimos abandonados por parte del Estado, no fuimos respetados, nos trasladaron en helicóptero y en ningún momento nuestros derechos han sido restaurados. Es por esto que, desde la comunidad, se inició todo el proceso ante el Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algo que ya escaló que la Corte y que sienta un precedente, no sólo en Colombia, sino en América Latina, comentó Doris María Cristancho, quien asegura que vivió el desplazamiento por parte del Ejército Nacional, junto a su familia.

Según lo que sostiene la organización y representante legal de los u’wa, EarthRights International, el caso es remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en octubre de 2020, una vez la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el Estado colombiano es responsable “por la falta de una protección efectiva del derecho a la propiedad ancestral del pueblo u’wa, así como la ejecución de una serie de actividades petroleras, mineras, turísticas y de infraestructura, en perjuicio de sus derechos”.

Las reparaciones solicitadas por la representación de las víctimas y requeridas al Estado Colombiano se presentan en cuatro componentes: medidas de restitución, de satisfacción, de no repetición y de compensación.

Entre las principales se destacan:

  1. Que se delimite, demarque y titule integralmente el territorio ancestral de la “Nación u’wa”, respetando sus costumbres y cosmovisión.
  2. Garantizar de manera integral el saneamiento de los resguardos de la “Nación u’wa”.
  3. Solicitan la abstención de realizar actos, obras o emprendimientos sobre el territorio indígena que puedan afectar su existencia.
  4. Declarar la nulidad y cancelación inmediata de todos los títulos y proyectos extractivos, en todas sus etapas, que se hayan otorgado en el territorio ancestral u’wa.
  5. Reconocer y proteger la propiedad y la autonomía de la “Nación u’wa” sobre Parque Nacional Natural El Cocuy (Zizuma).
  6. Realizar un acto público de perdón por las violaciones a sus derechos.
  7. Adoptar medidas de educación para incluir en los currículos del sistema educativo a nivel nacional contenido asociado a la existencia, antecedentes y lucha de la “Nación u’wa”.
  8. Que el Estado colombiano garantice y respete el control y toma de decisión de la “Nación u’wa” sobre su territorio ancestral.
  9. Garantizar la no adopción de medidas administrativas, legislativas o de otro tipo que afecten el ejercicio de la libre determinación de la “Nación u’wa”.
  10. Garantizar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas, en particular del pueblo u’wa.
  11. Identificar las causas estructurales de exclusión de los pueblos indígenas en las políticas públicas y adoptar medidas administrativas y legislativas que permitan superar las condiciones de discriminación y desigualdad histórica en Colombia.

Luego de décadas buscando justicia, el próximo 25 y 26 de abril se realizará la audiencia ante la CorteIDH; un hecho histórico para la “Nación u’wa, que participará con una importante delegación, que viajará a Santiago de Chile para exponer por primera vez su caso.

Por décadas el Estado no ha garantizado los derechos culturales y territoriales de esta comunidad indígena, poniendo en riesgo su autonomía y supervivencia.

A pesar de los esfuerzos de los u’wa por obtener justicia en los tribunales colombianos, su caso jamás fue atendido por instancias nacionales. Por ello, esperan que la CorteIDH falle a su favor y que su caso sirva como referente a otras comunidades en Colombia y en la región, contribuyendo con sus procesos de lucha y reivindicación de derechos.

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