Oxy firmó un contrato con Shell y Ecopetrol para la exploración del Bloque Samoré.

El Estado de Colombia otorgó la primera licencia a Oxy para estudios sísmicos para el bloque Samoré.

El Defensor del Pueblo interpuso una Acción de tutela en representación del Pueblo U’wa contra el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia y Oxy por la autorización de esta licencia sin garantizar el derecho a la consulta previa de
la Nación U’wa.

La Corte Constitucional adoptó la Sentencia SU-039 declarando que el derecho a la consulta previa de la Nación U’wa fue violado. La Corte Constitucional determinó que en este caso se violó  el Convenio 169 de la OIT y la Constitución colombiana y ordenó que se llevará a cabo dicha consulta, lo que nunca ocurrió.

Los U’wa y organizaciones de derechos humanos presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición alegando la vulneración de sus derechos colectivos.

Oxy solicitó al Ministerio de Medio Ambiente una nueva licencia para realizar perforaciones exploratorias en una zona conocida como Gibraltar.

Como una acción de resistencia,  los U’wa tomaron de manera pacífica y con presencia permanente el área marcada para iniciar la exploración petrolera. En respuesta, el Estado desplegó sus fuerzas armadas para desalojar a los U’wa, bloqueando el acceso a alimentos, agua y otros suministros para forzar a los U’wa a abandonar el área de Gibraltar. 

Tras el otorgamiento de licencia para la perforación exploratoria de Gibraltar, la Nación U’wa interpuso una nueva tutela contra el Ministerio de Medio Ambiente y Oxy oponiéndose a dicho proyecto por violar nuevamente su derecho a la consulta previa. 

El Tribunal de primera instancia emitió una suspensión temporal de las perforaciones en Gibraltar al determinar que el proyecto podría poner en peligro los derechos fundamentales de los U’wa. Esta decisión fue apelada por Oxy.

En respuesta a la apelación, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión de primera instancia, mientras Oxy señaló su interés de reanudar el proyecto.

Ante la reactivación del proyecto Gibraltar, la Nación U’wa realizó acciones pacíficas de resistencia, que fueron reprimidas de manera violenta por el Estado Colombiano.

El INCORA y el Ministro de Agricultura de Colombia declararon, sin consultar a la Nación U’wa, que el área que rodea el sitio de perforación Gibraltar es una “zona de reserva petrolera”.

Los U’wa presentaron una demanda de nulidad de la Resolución 27 de 2000 que creó la Zona de Reserva petrolera.

Oxy se retiró del Bloque Samoré y transfirió la propiedad a Ecopetrol. Ecopetrol rediseñó los límites del Bloque Samoré, que se convirtió en los bloques Siriri y Catleya.

El Estado Colombiano realizó reuniones de socialización respecto de los Bloques Sirirí y Catleya, con posterioridad a los cuales la Nación U’wa rechazó la exploración sísmica y, en general, cualquier proyecto petrolero en su territorio.

El Ministerio del Interior y Ecopetrol concluyeron que los bloques Sirirí y Catleya no vulneraron los derechos de la Nación U’wa.

El Ministerio del Interior consultó al  Consejo de Estado si las  reuniones de 2004 y 2005 equivaldrían a un proceso de consulta previa con la Nación U’wa.

El Consejo de Estado decidió a favor de Ecopetrol, concluyendo que las reuniones informativas de 2004 y 2005 garantizaban el derecho a la Consulta de la Nación U’wa, ordenando al Ministerio del Interior evaluar las razones de la Nación U’wa para no participar el proceso de consulta, quien finalmente desconoció los argumentos de la Nación U’wa que fundamentan su decisión de no participar en un proceso que desconoció sus derechos.

El Estado otorgó el contrato de concesión minera de carbón GKT-081 que se superpone al territorio U’wa.

La Corte Constitucional de Colombia reconoció a la Nación U’wa como parte de los 34 pueblos indígenas en riesgo de exterminio físico y / o cultural por el conflicto armado interno y los impactos del extractivismo, ordenando la adopción urgente de un Plan de Salvaguarda.

Se otorgaron dos concesiones mineras de carbón adicionales. El Ministerio de Medio Ambiente otorgó una licencia a Ecopetrol para la construcción del gasoducto Gibraltar – Bucaramanga.

Ecopetrol presentó documentos al Ministerio del Ambiente solicitando un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el Área de Perforación Exploratoria (APE) Magallanes.

El gasoducto de Gibraltar – Bucaramanga entró en funcionamiento.

La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó una licencia a Ecopetrol para el Área de Perforación Exploratoria (APE) Magallanes, en territorio ancestral de la Nación U’wa. Los U’wa advirtieron que el EIA era deficiente e incompleta.

Actores armados no estatales realizaron un atentado al Oleoducto Caño Limón – Coveñas en el sector La China (Toledo, Norte de Santander), al interior del Resguardo Unido U’wa.  Este tipo de hechos  han sido recurrentes desde que el oleoducto comenzó a operar, afectando la paz, la tranquilidad y contaminando las fuentes de agua y otros sitios sagrados de la Nación U’wa.

Tras un proceso de resistencia pacífica y reclamación de sus derechos, La Nación U’way el Estado de Colombia sostuvieron un diálogo y adoptaron unos acuerdos que continúan incumplidos por parte del Estado.

La Nación U’wa presentó una demanda de nulidad contra la Licencia Ambiental del APE Magallanes ante el Consejo de Estado.

La Nación U’wa presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad de las resoluciones que otorgaron  concesiones mineras en su territorio. Aunque los títulos mineros fueron otorgados en 2009, el Estado colombiano convocó a la Nación U’wa  7 años después a  una reunión que denominó de consulta previa. Las autoridades U’wa reiteraron sus argumentos frente a la explotación del territorio y decidieron no asistir a la reunión.

El Consejo de Estado determinó  que no tenía competencia sobre la demanda de nulidad y remitió el caso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien aceptó en julio su competencia para conocer de la demanda. 

La construcción de una nueva línea para el oleoducto Gibraltar-Bucaramanga provoca un deslizamiento de tierra de 2km.

Tras solicitud de la Nación U’wa para la constitución del Resguardo Kuitua, éste fue reconocido por el Estado pero únicamente abarcó la mitad del territorio ocupado ancestralmente por la Nación U’wa.

La CIDH adoptó el informe de admisibilidad del caso en el que reconoció su competencia para pronunciarse sobre las violaciones alegadas por la Nación U’wa.

La Nación U’wa solicitó el cierre del Parque Nacional Natural El Cocuy (Zizuma) debido a los impactos negativos causados por el turismo. La administración del Parque Nacional aprobó el cierre temporal del Parque.

Debido a los incumplimientos de los Acuerdo de mayo de 2014, los U’wa ocuparon la planta de gas Gibraltar, lo que habilitó un nuevo diálogo con el Gobierno Nacional y la adopción de acuerdos entre el Estado y la Nación U’wa.

Se reabrió el Parque Nacional Natural El Cocuy  (Zizuma), adoptando medidas de regulación de turistas y acordando que se realizaría una evaluación de impacto ambiental y cultural del turismo en la zona. Este estudio no fue realizado conforme a los acuerdos suscritos con la Nación U’wa.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca otorgó medidas cautelares a favor de la Nación U’wa, ordenando la suspensión provisional de la concesión minera GKT-081.

El 27 de noviembre, la CIDH emitió un informe de fondo declarando responsable al Estado de Colombia  por la violación de los derechos de la Nación U’wa. En el informe la CIDH adoptó  una serie de recomendaciones que Colombia debía seguir para cesar las violaciones de derechos y evitar que el caso fuera remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Tras el incumplimiento del Estado de las recomendaciones del informe de fondo, la CIDH remitió el Caso Pueblo Indígena U’wa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

La Nación U’wa ratificó como sus representantes ante la Corte Interamericana a AsoU’wa, ONIC, CAJAR y EarthRights International.

Los representantes de la Nación U’wa presentaron el Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas (ESAP) ante la Corte IDH.

El Estado Colombiano presentó su contestación al ESAP.

El caso se encuentra pendiente de convocatoria de audiencia pública.